• INDH es parte desde diciembre de este caso que se desarrolla ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que dejó al descubierto la intervención de los teléfonos de varias personas.
• La acción del INDH se debe a la vulneración del derecho a la privacidad de las personas y también a la afectación de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo.

A fines de marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) añadió los delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y también falsificación de instrumento público a su querella por el caso de espionaje que perpetró un oficial de Ejército contra varias personas. Así, el INDH amplió su querella original y solicitó que se cite a declarar a dos comandantes en jefe en la época de los hechos: Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.

Desde diciembre de 2023, el INDH actúa como querellante en esta indagación de escuchas ilegales que perpetró un oficial de Ejército. El Ministerio Público ya tiene formalizados al general de Brigada S.G.N.L. y al ministro de la corte J.A.P.M. por doce delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y siete de falsificación de instrumento público. Estos hechos ocurrieron entre 2016 y 2018 y afectaron también al autor del libro “Traición a la Patria”. Se trata de una vulneración de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.

Intervención de líneas

Según la investigación, los imputados intervinieron líneas de varias personas afectando su privacidad y la inviolabilidad de sus comunicaciones. Esto se hizo recurriendo a facultades de la ley 19.974 sobre Sistema de Inteligencia del Estado. En fuentes abiertas, entre otros detectaron al periodista indagando un caso, un capitán que denunció actos de corrupción y otros funcionarios que hablaban de malos tratos en el Ejército. Para intervenirlos, se solía atribuir de manera falseada que estos teléfonos estaban vinculados a otras personas.

En lo que toca al periodista autor del libro “Traición a la Patria”, que aborda el desvío de fondos de la ley reservada del Cobre para situaciones como apuestas en casinos, la interceptación abarcó dos meses de 2017. Para lograr el permiso del ministro de corte e intervenir el celular, la línea se adjudicó a una persona de nacionalidad boliviana.

Nueva actuación del INDH

El 28 de marzo pasado el INDH amplió su querella original. Ésta daba cuenta del delito de vejaciones injustas e incorporó las infracciones consideradas en la formalización.

Aquí se argumenta que “las conductas de interceptaciones telefónicas de modo ilegítimo, incluso contra personas que realizan labores de prensa, constituyen una abierta infracción a estándares que protegen de las injerencias arbitrarias”. Al respecto, el documento del INDH se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La obligación del Estado en calidad de firmante de estos textos internacionales exige que “sus agentes no violen dichos DD.HH.”. Además, “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los DD.HH.”.