El Instituto actúa como querellante en esta causa donde se presentan hechos por el delito omisivo de apremios ilegítimos en contra de víctimas de violencia institucional, provocando en distintos casos, lesiones graves, mutilaciones y la muerte.
El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), David Bahamondes, valoró que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolviera iniciar la formalización de tres altos mandos de Carabineros. El tribunal rechazó una solicitud de posponer la audiencia.
El 4 de enero el 7° Juzgado de Garantía de Santiago había fijado la audiencia para el 7 de mayo, pero luego la pospuso para el 1 de octubre.
Han sido múltiples los intentos de la defensa para retrasar la audiencia de formalización de la investigación, comunicación que hace el Ministerio Público acerca de los hechos que se atribuyen a los imputados. Hoy, tras oír a las partes, el Juzgado de Garantía resolvió en forma fundada dar curso a la formalización.
“Valoramos positivamente que, a pesar de los reiterados intentos por dilatar la audiencia, ésta finalmente haya tenido lugar”, señaló el jefe (s) de la Unidad de Protección del INDH, institución querellante en la causa. “Esperamos que sea una señal importante, después de tantos años, sobre los derechos de las víctimas y que exista verdad y justicia en causas donde ellas sufrieron graves vulneraciones”, concluyó.
Los altos mandos formalizados son los ex generales directores de Carabineros R.A.Y.R. y M.A.R.C. y el ex subdirector D.H.O.P. Según está contemplado, en la audiencia de formalización de presentarán los casos de 228 personas que fueron víctimas de diversas lesiones atribuibles a la acción de Carabineros.
Informe Anual del INDH
Es importante recordar que en su Informe Anual 2019 el INDH analizó la crisis social que en esos momentos se encontraba en desarrollo. En este documento se planteó que “las funciones de las policías se deben interpretar también en el marco de derechos humanos en que el Estado se encuentra inserto. Por lo tanto, el mandato de garantizar el orden público debe leerse en favor de la protección de derechos humanos y no en contra de los mismos”.
