La sede del INDH preparó la actividad con la secretaría regional ministerial en Viña del Mar y permitió presentar herramientas para fortalecer un abordaje integral y respetuoso de los derechos en contextos de vulnerabilidad extrema.
La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó en la jornada Derechos de las Personas en Situación de Calle, que fue convocada junto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia y estuvo dirigida a equipos de programas de apoyo para personas en situación de calle.
El objetivo de la actividad, desarrollada en el Espacio Artequin en el Parque Quinta Vergara de Viña del Mar, fue presentar herramientas jurídicas y psicosociales para fortalecer el abordaje integral y respetuoso de los derechos humanos en contextos de vulnerabilidad extrema.
El programa contó con exposiciones a cargo del equipo del INDH sobre temáticas clave como: (1) procedimientos de detención y estándares de trato a personas bajo custodia policial; (2) cumplimiento de penas en otras ciudades, incluyendo orientaciones para el traslado de medidas judiciales como la firma mensual; (3) denuncias por violencia institucional, con énfasis en rutas de acción, querellas penales y garantías procesales; y (4) situaciones de desalojo en calles, revisando el rol de funcionarios municipales y carabineros, así como experiencias de intervención conjunta y denuncias.
Expositoras del INDH
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Marisol Cerón, encargada del Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, quien también dio el cierre. Las presentaciones fueron realizadas por las profesionales del INDH Valparaíso Paulina Toro y Natalia Díaz, psicólogas; y las abogadas Javiera Tapia y Gisela Escobar.
Además del espacio formativo, la jornada preparada en conjunto por el INDH incluyó una instancia de diálogo y resolución de preguntas por parte de las y los asistentes. Esto permitió generar un espacio de reflexión entre actores públicos y técnicos.
La iniciativa se enmarcó en los esfuerzos interinstitucionales por avanzar hacia una respuesta estatal más coordinada y respetuosa de los derechos de quienes habitan la calle, reconociendo su condición de especial protección y el deber de no discriminación por parte de los organismos del Estado.
