Una misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha resultado tanto o más reveladora que el malogrado informe de la Comisión de la Cámara de Diputados respecto del Servicio Nacional de Menores, Sename. Llevada a efecto entre enero y abril de este año, visitó 171 centros de dicho servicio, entrevistó a 405 niños en forma técnicamente correcta, con psicólogos especialistas, y aplicó una encuesta a algo más de mil funcionarios. Los resultados finales se darán a conocer en agosto, pero han bastado los preliminares para dar una impresión horrenda de lo que ocurre con esos niños que están bajo la protección del Estado, a tal punto que en no menor medida desencadenó una revisión de las posturas de los diputados. Así, estos aprobaron tres proyectos de acuerdo relacionados con este delicado asunto, en los cuales se pide a la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias para superar la mala situación de los menores, además de otras solicitudes que varían en cada uno de los acuerdos.

De los 405 niños entrevistados por el INDH, casi la mitad tiene algo que denunciar, desde aquellos que reclaman un descuido negligente de parte de sus cuidadores hasta los que revelan haber sido objetos de explotación sexual, que no son pocos, sino uno de cada quince niños. Además, están las múltiples acusaciones de violencia física y psicológica ejecutada en contra de los menores protegidos. El director del INDH, Branislav Marelic, cuya administración sí ha puesto entre sus prioridades la situación de estos menores, dijo que, en vista de los hallazgos, han debido llevar ante el Ministerio Público 24 de estas denuncias, más otra institucional que involucra a uno de los centros visitados, porque encontraron que allí se cometían diversos delitos.

En el contexto en que se producen las nuevas revelaciones, ellas no logran impactar mayormente, por cuanto se trata de una situación conocida por la población; el riesgo de esto es que el país se vaya acostumbrando a recibir malas noticias sobre la forma en que el Estado se hace cargo de los menores. Ya el año pasado se informó del aumento al doble de los intentos de suicidio y cada vez las noticias son más graves. Aunque el discurso público insta a adoptar medidas concretas, llama la atención cierto grado de pasividad de las fuerzas políticas y el ánimo de utilizar estas dramáticas condiciones para sus propios fines, que no son otros que demostrar las fallas de sus adversarios. Solo la opinión pública parece movilizarlos en la medida justa como para aparecer interesados por los problemas. No obstante, los niños abandonados por sus hogares, que son tímidos y que padecen por la falta de afecto, se siguen reuniendo en los mismos lugares con los menores que han violado la ley y que suelen tener personalidades dominantes.

Editorial publicado en el diario El Mercurio el sábado 15 de julio de 2017.