Este lunes 27 de agosto se dio inicio a una serie de jornadas de trabajo que forman parte del proyecto “Fortalecimiento de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad”, ejecutado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina. Esta iniciativa surge de una coordinación de las Agencias de Cooperación Internacional de Argentina y Chile.
El proyecto busca contribuir al incremento de capacidades de los funcionarios de las instituciones intervinientes y así promover mecanismos de protección y prevención de los derechos humanos. Asimismo, busca establecer un mecanismo de difusión conjunta basado en las buenas prácticas sobre condiciones de detención en sistemas penitenciarios.
Esta es la primera etapa del proyecto y durante toda esta semana, los/las equipos técnicos de ambas instituciones trabajaran en jornadas teóricas y prácticas, visitando centros penitenciarios (de hombres y mujeres), abordando las principales características del régimen penitenciario chileno y realizando una observación in situ de los conceptos aprendidos.
Consuelo Contreras, directora del INDH dio inicio a las jornadas de trabajo y valoró la iniciativa señalando que “Tanto la Argentina como Chile han firmado y ratificado los convenios internacionales que refieren a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. De estos instrumentos internacionales surgen múltiples lineas de acción, entre las cuales se destaca la de potenciar la cooperación de capacidades técnicas de manera de intercambiar buenas prácticas y modalidades de intervención”.
El INDH, tiene dentro de sus facultades, el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios, elaborando informes y diagnósticos sobre la materia, presentando acciones judiciales en aquellos casos de vulneración de derechos, y realizando recomendaciones concretas a los diferentes organismos estatales involucrados, para de este modo avanzar en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
