Jefe (s) de Protección de Derechos del INDH explica decisión de la Suprema que dejó sin efecto cargos contra dos religiosos en caso de Ricardo Harex

Jefe (s) de Protección de Derechos del INDH explica decisión de la Suprema que dejó sin efecto cargos contra dos religiosos en caso de Ricardo Harex

8 Noviembre, 2022

Pablo Rivera explicó que el máximo tribunal estimó que en el actual estado de la investigación se requieren más antecedentes. “La Corte no ha dictado un sobreseimiento o algo por el estilo”, explicó.

El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pablo Rivera, indicó que la Corte Suprema aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre la desaparición del estudiante de enseñanza media Ricardo Harex (17), visto por última vez en octubre de 2001 en Punta Arenas. El abogado se manifestó así después de que la corte dejó sin efecto los procesamientos de los religiosos B.M.B.F. y L.W.S.M. al acoger un recurso de amparo interpuesto ante la decisión de la ministra en visita Marta Pinto de encausarlos como encubridores de sustracción de menor de edad.

En esta causa, el INDH actúa como querellante desde mayo de 2018, cuando la sede de Magallanes interpuso una querella por el delito de sustracción de menores.

“Lo importante es que esta es una resolución temporal”, señaló Rivera. “No es una resolución definitiva. La Corte no ha dictado un sobreseimiento o algo por el estilo. La lectura que nosotros hacemos es que dijo ‘por ahora me faltan antecedentes’. No es que haya dicho que estas personas están totalmente libres, sino que se requieren más antecedentes, por lo que nos llama a nosotros como querellantes y a la persona a cargo de la causa a seguir investigando, para contar con más antecedentes y poder imputarlos como encubridores”.

El pasado 11 de octubre la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Marta Pinto sometió a proceso como encubridores del delito de sustracción de menores a siete personas: a cuatro funcionarios en retiro de Carabineros y tres religiosos de la Congregación Salesiana. A los primeros porque tuvieron relación con la investigación por la desaparición de Harex, que no dio con su paradero: se trata de H.O.B.A., H.E.P.M., M.E.S.M. y A.K.J. En tanto, los religiosos tuvieron vínculos con Rimsky Rojas Andrade, a quien la ministra relaciona con la desaparición de Ricardo Harex. Ellos son los sacerdotes L.W.S.M., B.M.B.F. y V.S.B.

L.W.S.M. y B.M.B.F. presentaron recursos de amparo ante la Corte de Punta Arenas luego de ser sometidos a proceso y dispuesta su prisión preventiva. El pasado 25 de octubre el tribunal acogió el reclamo y anuló su procesamiento. Este 7 de noviembre, la segunda sala de la Corte Suprema ratificó la decisión.

Respecto de la decisión del máximo tribunal, el jefe (s) de la UPD recordó que el caso de la desaparición de Ricardo Harex “es bastante complejo. Lleva años investigándose. Uno de los principales involucrados es Rimsky Rojas, quien ya falleció. La causa ha tenido muchas dificultades en su investigación, por eso ha durado tanto y recién este año la ministra en visita dictó estos autos de procesamiento”, recordó.

Rivera explicó que la defensa de los religiosos esgrimió que la participación de sus clientes no está suficientemente acreditada en la resolución. “Nosotros entendemos que sí se podría argumentar, con los antecedentes que ya constan en la resolución, su participación como encubridores”, replicó.

Este es uno de los pocos casos de desaparición forzada ocurrida en democracia e insistió que en que “no es lo mismo investigar un delito que se comete entre particulares que otro en que hay involucrados agentes estatales. Precisamente, aquí una parte de los involucrados son agentes estatales. Por eso la violencia institucional es tan difícil de investigar y juzgar y el INDH presenta querellas en estos casos”, dijo.

Caso Huenante

El jefe (s) de la UPD señaló que “el Estado de Chile tiene que continuar con esta investigación. Exhaustiva, completa y oportuna. Ya con lo de oportuna se está bastante mal, pero está la exhaustividad y la investigación completa. Hay que considerar además que existen pactos de silencio, que se dan en casos que involucran a agentes estatales o agentes de seguridad. Es uno de los casos más complejos por los años que han pasado, pero no es el único. Hay otro vigente, en Puerto Montt, con la desaparición de José Huenante (septiembre de 2005), donde hay personas involucradas y sometidas a proceso por la falsificación de un parte policial. Pero la justicia aún no ha llegado con la individualización de sus responsables en este caso”, dijo.

“La figura de desaparición forzada de personas tienen un elemento que se da precisamente en estos casos, en cuanto a que junto con que la persona desaparezca por parte de agentes del Estado, debe haber una conducta del Estado de negar el paradero y no prestar su colaboración en investigación. Precisamente esto justifica que agencias como el INDH intervenga como querellante, para exigir al Estado cumplir con sus deberes de investigar y sancionar”.