El Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile 2018, publicado la semana pasada, ofrece un crudo diagnóstico de la situación en la que viven las personas privadas de libertad en nuestro país. Sobrepoblación, hacinamiento, falta de acceso a agua potable, castigos extra reglamentarios y uso de celdas de aislamiento, son algunos de los hallazgos más críticos de la observación realizada por el INDH.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó su cuarto Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, correspondiente al año 2018, que busca realizar un diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en la privación de libertad. Para ello, se monitoreó 36 cárceles del sistema cerrado de Gendarmería de Chile, en diez regiones del país, además de levantar estadísticas generales sobre la situación carcelaria a nivel nacional. El diagnóstico es brutal: se siguen vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad en Chile y el Estado sigue sin acoger las recomendaciones realizadas por el INDH en los estudios realizados en años anteriores.
Población Penal en Chile
En Chile existen 83 cárceles en el sistema cerrado de Gendarmería, que albergan a 40.908 personas privadas de libertad, de las cuales un 91,7% son hombres y un 8,3% son mujeres. De este grupo, un 67,5% está condenado/a, un 32,5% tiene la calidad de imputado/a y un 0,01% la de procesado/a, al 31 de diciembre de 2018.
El 50,5% de las cárceles en Chile un porcentaje de ocupación superior al 100%. De estas, un 22,9% presenta un nivel de hacinamiento crítico (sobre el 140% de ocupación), un 13,2% tiene un nivel de hacinamiento alto (entre 120 y 139%) y un 14,4% de los recintos penitenciarios presenta un nivel de sobreocupación (entre 100 y 119%).
El 83,13% de las cárceles en Chile alberga a personas que pertenecen a pueblos originarios (69 cárceles) y un 62,7% (52 cárceles) tienen población penal de nacionalidad extranjera. En términos numéricos del total de las personas privadas de libertad en Chile, 7,1% son de nacionalidad extranjera, distribuidos en un 80,6% hombres y 19,4% mujeres. A nivel regional, destaca que en las regiones del norte existe un mayor porcentaje de población penal de nacionalidad extranjera al interior de sus recintos respecto del total de la población penal de cada cárcel.
En la totalidad cárceles de Chile (83) el 2018 hubo 117 fallecimientos, un 98,3% de los casos corresponde a hombres. Las causas principales fueron las enfermedades (43,58%) y las riñas o agresiones (35,89%).
Principales hallazgos de la observación
La observación de 36 cárceles realizada por el INDH, permitió detectar condiciones de habitabilidad totalmente insuficientes y que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos en relación a las personas privadas de libertad.
Si bien algunos recintos observados cumplieron las condiciones mínimas de habitabilidad, hay otros que presentan importantes carencias en servicios higiénicos, acceso al agua, acceso al agua caliente e higiene. En 12 de las 36 cárceles se observó la presencia de plagas, dentro de ellas, ratones, chinches, cucarachas y pulgas.
El acceso a agua potable y baño las 24 horas del día, no se garantiza en 23 de las cárceles observadas. En cuanto al acceso a agua caliente, la situación es aún más precaria: solo 7 de las 36 cárceles observadas dispone de agua caliente para todos los internos/as y corresponden a recintos ubicados en el extremo sur del país. Esto da cuenta, que el acceso a agua caliente en los recintos penitenciarios se considera un beneficio o privilegio, afirma el Estudio.
Por otro lado, en algunos de los recintos penitenciarios observados, no se asegura el acceso a una cama para todas las personas privadas de libertad y eso significa que deben colocar colchones en el piso o compartir cama. Además, se constató que la administración penitenciara no entrega la ropa de cama necesaria a todos los internos/as, limitándose a la entrega de frazadas y mantas, y dejando en manos de los internos, la capacidad de adquirir sábanas.
El acceso a la salud, es un tema sumamente preocupante en las cárceles de nuestro país, especialmente en el contexto de crisis sanitaria por Covid-19. Se constató que existen médicos disponibles solo en 15 cárceles de las 36 monitoreadas, con diferentes cantidades de horas semanales, con un menor número de cárceles con odontólogos, enfermeras y matronas. En todos estos recintos, existen paramédicos que entregan servicios, pero que no están disponibles las 24 horas del día.
Finalmente, el Estudio del INDH destaca con preocupación que el uso de celdas de castigo o de aislamiento persiste, fuera de todo estándar internacional de derechos humanos, y al mismo tiempo, se mantiene la práctica de “pago al contado” (sanciones extra reglamentarias a los internos/as), en 22 de las 36 cárceles observadas, las cuales consisten, según las personas privadas de libertad entrevistadas, en: golpes de puño, golpes a mano abierta, golpes con luma o bastones del personal, golpes con palos, golpes con pistolas, golpes con fierros, cachetadas, golpes en la cara, golpes en los genitales, golpes en el estómago, patadas, rodillazos, aplicación de gas pimienta, “práctica del bote” consistente en dejar a interno boca abajo con manos amarradas a la espalda y ejercicio físico forzoso, como flexiones y sentadillas.
Recomendaciones urgentes INDH
Ante esta crítica situación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizó una serie de recomendaciones que se dividen en: recomendaciones urgentes, recomendaciones normativas, recomendaciones de corto plazo, recomendaciones a mediano plazo y recomendaciones a largo plazo.
A continuación, se resumen las 10 “recomendaciones urgentes” que realiza el INDH al Estado, ya sea a través de Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Obras Públicas, cuando se trata de cárceles concesionadas. Todas estas recomendaciones, tienen carácter reiterativo y han sido realizadas por el INDH en años anteriores.
- Se recomienda tomar medidas urgentes para abordar la sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.
- Se recomienda eliminar completamente y dejar de utilizar las celdas de castigo y/o aislamiento como sanción disciplinaria.
- Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los internos/as a acceder a una cama individual, incluyendo catre, colchón ignífugo, frazadas y sábana.
- Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas privadas de libertad a instalaciones sanitarias de forma permanente (24 horas).
- Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas privadas de libertad a agua potable de forma permanente (24 horas).
- Se recomienda mejorar los procedimientos de distribución y entrega de la comida de manera que se proporcione suficientes cubiertos y platos o bandejas a toda a todas las personas privadas de libertad para el consumo de la comida.
- Se recomienda disminuir las horas que transcurren entre la última comida del día y la primera del siguiente.
- Se recomienda tomar las medidas necesaria para asegurar que toda persona privada de libertad tenga atención de salud, tanto física como mental, en toda cárcel del país.
- Se recomienda terminar con las sanciones extra reglamentarias, que afectan la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, e insta a revisar con urgencia la forma de aplicación de las sanciones.
- Se recomienda modificar los procedimientos de revisión de visitas, de manera que se mejore el trato a estas, se hagan más digna las condiciones de ingreso de forma que no impliquen revisiones corporales manuales intrusivas, desnudamientos totales o parciales, o registros íntimos atentatorios contra la dignidad personal y la privacidad, tanto en adultos como en niños/as y adolescentes.
Accede aquí al Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile 2018.
