Lorena Fries: “Los Derechos Humanos no son sólo los del pasado”.

By Julio 27, 2011Noticias INDH

Lorena Fries: “Los Derechos Humanos no son sólo los del pasado”.

Julio 27, 2011

Lorena Fries cumple un año (20 de julio) desde su designación como Directora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, INDH. Abogada comprometida desde hace años con la igualdad de género y los derechos humanos, evalúa positivamente la labor del INDH en su primer año a la cabeza de la entidad.

Uno de sus primeros desafíos a futuro es conseguir un aumento de presupuesto para el óptimo funcionamiento de la institución. Además, el organismo siempre busca construir instancias para el debate y de esta manera favorecer canales resolutivos  frente a las injusticias del Estado sobre los derechos de las personas.

¿En qué escenario nace el INDH?

En Chile, los abusos de poder de parte del Estado son cosa cotidiana. Nace en un momento complicado. La necesidad del instituto es doble; Chile, después de 20 años, tiene una democracia, con todas sus falencias, pero es una democracia donde las instituciones funcionan.  Otro punto es que hoy en día no baste con eso. Pero la democracia funciona, por lo tanto se requiere una contrapartida al Estado en materia de derechos humanos. Que no solo mire respecto a las situaciones ocurridas en la dictadura, que son las comisiones que hemos venido tendiendo, sino que también sea un alero de la ciudadanía frente a los abusos de poder por parte del Estado, o a la indolencia en materia de garantías que tiene que brindarse al ciudadano para que se pueda desarrollar

¿Qué evaluación haría de su primer  año al frente del INDH?

Este primer año ha sido, por un lado, un desafío institucional. Hacer que este instituto exista no solo físicamente, sino que también para la ciudadanía. En ese sentido estamos contentos. Porque desde que surgimos a la luz pública nos metimos en el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos contentos, porque hemos emitido opinión en actos del Estado en materia de derechos humanos. Lo hicimos con el pueblo indígena, estamos en el parlamento con las uniones de hecho y con la Ley Anti Discriminación. En ese sentido, nos hemos instalado. Ahora, lo que hemos constatado es que hay una gran deuda en materia de derechos humanos y que por lo tanto debemos reforzar mucho más el instituto para que cumpla a cabalidad con su misión.

¿Cuáles serían los ejes principales de esa deuda?

Chile es uno de los Países con peor Distribución de la Riqueza en América Latina. Los ejes principales -y lo dije apenas asumí- son los temas de igualdad y discriminación. No es novedad que Chile es uno de los países más desiguales económicamente. Pero esa desigualdad se potencia cuando hay también ciertas características que son las que históricamente generan discriminación. Pobreza más género, pobreza más pueblo indígena, pobreza más pertenecer a las diversidades sexuales; eso significa un aumento en esa discriminación y se traduce en falta de acceso en el ejercicio de los derechos.

¿Por qué los DD.HH parecen ser una molestia para los gobiernos?

Porque los Estados en general -y no solo el chileno- tienden a ser bastante complacientes con lo que hacen. Por lo tanto, la existencia de un organismo autónomo, que de alguna manera lo que hace es fiscalizar los órganos del Estado, no siempre es visto como algo que contribuye a la democracia, sino como algo que se opone al gobierno y a los intereses fácticos.

¿Es necesaria la Ley Antiterrorista (LAT) en Chile?

“En Chile no Existe Terrorismo“. Es una tendencia general. Después lo que ocurrió en EEUU, hay una predisposición a contar con la LAT. El punto no es tenerla o no tenerla. Es sobre la ley que tenemos y cómo se aplica. En esos dos campos es donde nosotros tenemos una crítica severa respecto a la LAT. Porque tal como está se presta para ambigüedades que pueden llevar a que un proceso legítimo de protesta social, donde hay desmanes violentos que deben ser sancionados, sean considerados actos terroristas, tal como está concebida la LAT. Por otro lado, se le aplica a poderes como el Ministerio Público, que tienden a aplicarla en estos tipos de situaciones, cuando en realidad se trata de leyes que solo deben aplicarse excepcionalmente, porque en Chile no existe terrorismo.

¿Usted cree que esa ley fue diseñada para prohibir disentir?

Si estuviera bien conceptualizada, no. Si nosotros viéramos que hay un grupo jerárquico, con divisiones de funciones, que tiene como objetivo desestabilizar jurídica y políticamente a un país, que lo hace a través de artefactos o enseres de alto potencial, y que además atenta en contra de las vidas de las personas, entonces uno podría decir: Hay que aplicar la LAT. Es el caso de España frente a la ETA. Pero en España convive una ley con las garantías democráticas, y es lo que no pasa en Chile.

¿Cómo explica que los imputados del Caso Bombas y los cuatro comuneros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) hayan sufrido el rigor de la LAT?

Tiene que ver con cómo está establecida la ley y la aplicación de la misma. Si nosotros tuviéramos una ley súper acotada y un Ministerio Público que parta de la base que en Chile no existe terrorismo, esa ley no se estaría aplicando.
Los Mapuche, sistemáticamente privados de derechos fundamentales.

¿En qué consiste la Comisión por la Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche?

Consiste en una comisión de gente e instituciones vinculadas en la promoción de los DD.HH con una historia ganada en el mundo mapuche, en particular con la CAM  y estos cuatro comuneros. Es una comisión que busca, a través de audiencias públicas, aumentar el consenso con respecto a las necesidades que hay en materia de derechos del pueblo indígena, y que va terminar después de 9 meses haciendo recomendaciones a todos los actores políticos en lo que respecta a esta materia

¿Es un gran paso en el reconocimiento a nuestros pueblos originarios?

No sé si es un gran paso, pero desde luego es un actor más, que va a tratar de incidir para que mejoren las condiciones del pueblo mapuche.

¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Ley Antidiscriminación?

Nosotros, a petición de la Comisión de Constitución, Legislación  y Justicia del Senado, nos hicimos parte de un comité técnico donde participaron expertos del  gobierno y también independientes. Concurrimos ahí con nuestra opinión en materia de estándares en DD.HH.  Dijimos en qué parte de esa ley no estábamos de acuerdo; qué debía contener para que fuera coherente con las obligaciones que se han contraído en Chile a nivel internacional. Por lo tanto, el consenso que de ahí salió fue positivo. Pero nosotros planteamos que le faltan dos cosas. Una es incluir una categoría sospechosa, que es la identidad de género. La segunda es incorporar las acciones afirmativas que son propias de las políticas que buscan acelerar la igualdad.

¿Cómo se combate la delincuencia?

“En una Sociedad Desigual hay un Alto Nivel de Delincuencia“. Cualquier sociedad se plantea disminuir sus niveles de delincuencia. El punto es cómo lo hace, qué coherencia y que complementariedad existe entre las políticas de seguridad pública y el respeto y garantías a los DD.HH de las personas. Creo que ésa es la ecuación que no está bien resuelta en Chile. Este es un país que envía mucha gente a la cárcel. Creemos que ahí hay un uso desproporcionado de las medidas privativas de libertad que, además, no aseguran que a la salida esa ciudadanía presa tenga la posibilidad de reinsertarse y no volver a delinquir. Uno de los factores claves para disminuir la delincuencia es el pleno ejercicio de los derechos de las personas. En una sociedad desigual hay un alto nivel de delincuencia. Además, tenemos que entender que los derechos humanos no son solamente los del pasado. Tienen que ver con el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Eso es lo que genera bienestar en una sociedad. Si ésta es una sociedad profundamente desigual, por cierto que habrá mayores niveles de delincuencia.

¿Cree necesario un cambio de Constitución?

Es una decisión que la ciudadanía tiene que poner sobre la mesa. Nosotros hemos dicho que la Constitución de 1980, en lo que refiere a derechos sociales -derecho al trabajo, a la sindicalización, a la salud y a la educación-, no es lo suficientemente garantista.

Fuente: Observatorio Ciudadano