En su momento, estos hechos fueron calificados como constitutivos del delito de tortura por el Ministerio Público y el INDH en su calidad de querellante. En diciembre pasado la fiscalía había comunicado que no perseveraría en el procedimiento contra siete carabineros.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago realizó una audiencia en la que se resolvió la reapertura de la investigación que involucra a siete funcionarios de Carabineros formalizados por el delito de torturas. Ellos eran parte del grupo de uniformados que participó en la golpiza contra un manifestante en la Plaza Ñuñoa durante la crisis social. La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa y había solicitado, precisamente, reabrir la indagatoria.
Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2019, cuando la víctima se estaba manifestando con un sartén en las inmediaciones de la Plaza Ñuñoa. Hasta ese lugar llegó un carro policial, del que bajaron doce funcionarios de Carabineros y mientras algunos de ellos lo agredían con golpes de pie y lumas, otros se abstenían de intervenir para que dicha acción cesara. Producto de la agresión, la víctima sufrió politraumatismo, fractura nasal, fracturas costales múltiples, fractura dental, un trauma ocular que significó la pérdida de visión en uno de sus ojos y un neumotórax de lado izquierdo. La agresión descrita fue transmitida en vivo por un canal de televisión.
La situación fue calificada como constitutiva del delito de tortura por el Ministerio Público y el INDH en su calidad de querellante. Trece funcionarios de Carabineros fueron formalizados en diciembre de 2019 y se decretaron medidas cautelares de diversa intensidad.
En diciembre de 2022, el Ministerio Público comunicó al tribunal que separaría la investigación contra siete funcionarios, respecto de quienes comunicó el cierre y su decisión de no perseverar en el procedimiento. A esto último se opusieron los querellantes y el INDH solicitó la reapertura de la investigación, por existir una serie de diligencias que habían sido pedidas oportunamente y que todavía se encuentran pendientes.
La abogada Paulina Pérez, de la sede de la Región Metropolitana del INDH concurrió a la audiencia decretada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir las pretensiones de reapertura. Ahí la jueza resolvió acceder a esto, por estimar que hay diligencias que aún no se han completado. Entre ellas están la incorporación a la carpeta de investigación de la ficha clínica de la víctima; tomar declaración a oftalmólogos que han sido parte de su proceso de atención y recuperación, y que se realicen dos pericias, una tendiente a esclarecer la dinámica de los hechos y otra destinada a analizar los antecedentes médicos relacionados a la pérdida de visión de la víctima.
