Este miércoles se discute en la comisión el proyecto de Ley “que Fortalece el Resguardo del Orden Público” enviado por el Ministerio del Interior y que busca sancionar con penas de cárcel garantías constitucionales y tratados internacionales suscritos por Chile.
La Asociación Chilena de ONG, ACCION, que agrupa a más de 60 organizaciones, considera que la aprobación de esta ley atentaría gravemente contra las libertades públicas, aumentaría la represión e impediría en la práctica las manifestaciones callejeras.
“Consideramos que de aprobarse este proyecto de ley podría conculcar gravemente los derechos de reunión y libertad de expresión, lo que podría incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos tiene el Estado de Chile y a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución”, señalaron.
ACCIÓN argumenta que a través de esta iniciativa legal existe la intención de expandir el derecho penal para criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión.
“Creemos que penas de entre 541 días hasta tres años de cárcel por invadir u ocupar ilícitamente inmuebles educacionales, religiosos, de oficinas e industriales, entre otros, impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos o interrumpir los servicios públicos, son simplemente una forma de criminalizar la legítima protesta social”, explican.
Alejandra Arriaza, Secretaria Ejecutiva de Codepu, organización asociada a Acción, hace un llamado a los parlamentarios “a rechazar este proyecto de ley, el que bajo el argumento de fortalecer el orden público, solo pretende atentar contra la libertad de expresión, el derecho a reunión y el derecho a manifestación, derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Su espíritu antidemocrático y represivo queda en evidencia, colocándonos en una situación de retroceso en materia de derechos humanos, lo que nos parece inaceptable”.
