Ante lo ocurrido el 21 de agosto en la localidad Quintero, la Sede Regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su preocupación por la situación de más de 50 niños, niñas y adolescentes, presumiblemente, intoxicados por una nube de ácido sulfúrico.

Desde 2011, el INDH ha recomendado al Estado tomar medidas para solucionar los conflictos socioambientales en Quintero, Puchuncaví y Concón, pero éstas no han sido suficientes para garantizar el derecho a un medioambiente libre de contaminación.

Los graves conflictos socioambientales, como el de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví, afectan múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud física y mental, a la alimentación y a la vivienda adecuada, a la educación y al trabajo seguro, entre otros. La gravedad es mayor cuando se afecta a grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y en situación de discapacidad).

El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y  Empresas, aprobado por el Estado de Chile en base a los 31 principios sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera tres pilares fundamentales: 1) el deber de prevención de los Estados, respecto de vulneraciones que terceros -por ejemplo, empresas públicas o privadas- pudieran producir a los derechos humanos; 2) el reconocimiento, por parte de las empresas de la responsabilidad que les atañe en el respeto de esos derechos; y 3) la  obligación de las empresas y el Estado de remediar las eventuales vulneraciones por todas las vías posibles.

De esta forma, en materia de derechos humanos y empresas, la debida diligencia apunta a que éstas identifiquen, prevengan, mitiguen y respondan, cuando sus procesos productivos afecten, por acción u omisión, a los habitantes de un determinado territorio.