Presentación de Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias 2019 marcó término de ciclo de publicaciones de Unidad de Protección de Derechos

Presentación de Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias 2019 marcó término de ciclo de publicaciones de Unidad de Protección de Derechos

12 Mayo, 2022

Con la presentación del Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias 2019, la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) terminó su ciclo de lanzamiento de publicaciones con las que conmemoró el Mes del Libro. Este ciclo comenzó el pasado 20 de abril, con un conversatorio que analizó el Informe 2019 sobre la Función Policial y Orden Público.

 

Para cerrar el ciclo “Los Derechos Humanos en la Práctica. Publicaciones de la Unidad de Protección de Derechos”, se realizó un conversatorio en el que participaron la abogada de la UPD y coordinadora del Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias, Daniela Lara; y el también abogado, experto en materias penitenciarias y doctorando en Derecho de la Universidad Central Luis Vergara.

 

En la primera parte del conversatorio, que se realizó de manera telemática, la abogada Lara hizo un recuento de los estudios de condiciones en las cárceles que ha hecho el INDH. Recordó que el primero de ellos fue realizado por la Fundación Paz Ciudadana y se concentró en los establecimientos más grandes del país o que estuvieran instalados en las capitales regionales. Dicho método fue replicado en el segundo estudio, que se concentró en verificar también la evolución de los indicadores establecidos en el informe inaugural.

 

“El tercer estudio de 2016 – 2017 recorrió las cárceles nunca observadas, que eran las más pequeñas. Entonces, a fines de 2017 se había recorrido el 100 por ciento de las cárceles y se cerraba un ciclo. Luego, el cuarto estudio (2018) se hizo con una mirada regional y se visitaron las cárceles de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, y por el sur Maule, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En total, 36 recintos. Luego, con la misma lógica, en 2019 se visitaron las cárceles de Valparaíso, Región Metropolitana, Ñuble, Biobío y la Araucanía. 44 unidades penales. Este trabajo permite cerrar un ciclo, porque de nuevo se visitaron todas las cárceles”, describió.

 

En el recuento de los cinco estudios, se han visitado 207 cárceles, en las que se analizaron y diagnosticaron el cumplimiento de estándares internacionales. “Cada cárcel se visitó de dos a tres veces por parte del INDH, exceptuando la de Isla de Pascua. Por su distancia y por ser un recinto con particularidades se ha visitado sólo una vez”, explicó la abogada Daniela Lara.

 

Además, la coordinadora del estudio dijo que uno de los objetivos de esta publicación es “es emitir recomendaciones al Estado y a sus órganos sobre aspectos que tienen que mejorar. Si bien se emiten las recomendaciones, todavía no obtenemos respuesta a ellas y año a año vamos visualizando que estas recomendaciones se van reiterando. Es porque el estándar internacional establecido no se ha cumplido”, describió.

 

Sistema de aislamiento

 

En tanto, el abogado Luis Vergara se concentró en describir el sistema de aislamiento de personas privadas de libertad todavía vigente en los recintos de reclusión en Chile. “Es una medida que se ha instalado como herramienta de gestión del servicio. Esta práctica genera múltiples riesgos de vulneración de derechos. La evidencia da cuenta que, no obstante los daños físicos y psicológicos que produce, sigue teniendo un uso indiscriminado, en especial en su modalidad de castigo”, dijo el abogado.

 

Vergara presentó cifras que, en todo caso, muestran una sostenida caída del mecanismo. Desde 2013 en Chile se inició una política pública, interna de Gendarmería, para racionalizar el uso de las celdas de aislamiento. “A casi diez años de su instalación aún no se logra erradicar del todo esta medida. Desde los 26.422 casos de uso de celda de aislamiento en 2010, subieron a 29.872 al año siguiente. Con 8.000 casos hay una baja en 2016. Tenemos 5 mil en 2019; 3.900 en 2020; y 2.632 en 2021. La disminución es notoria, pero da cuenta de la gran dificultad de modificar las prácticas arraigadas en la cultura del operador penitenciario”, indicó.

 

Vergara dijo en que “en el plano nacional se ha pesquisado que su regulación es débil, sin un sistema de control ni con un monitoreo eficaz y con amplios márgenes de discrecionalidad. Todo lo cual potencia prácticas arbitrarias, que favorecen los abusos en contra de los privados de libertad”.

 

Es por ello que, a su juicio, “debe promoverse la eliminación del régimen de aislamiento con fines sancionatorios y de todas aquellas modalidades de aislamiento por tiempo prolongado, atendidos sus efectos nocivos para la salud física y psíquica de las personas y el grave riesgo de afectación a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran al interior de nuestros centros penitenciarios”.

 

https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1727