Protesta Social y Derechos Humanos

Protesta Social y Derechos Humanos

Mayo 11, 2011


Carta enviada por la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, al Diario La Segunda.

Señora Directora:

Tradicionalmente durante mayo se producen movilizaciones sociales que comienzan con el Día Internacional del Trabajo. Para los próximos días se han anunciado manifestaciones estudiantiles y gremiales, estas últimas en el marco de la cuenta pública presidencial ante el Congreso Pleno, en Valparaíso.

A pesar de los ya 20 años de recuperada la democracia, aún cuesta aceptar en plenitud las prácticas democráticas. Se ha mantenido en el tiempo cierta desconfianza respecto de la importancia del derecho a manifestarse, como si éste —pilar de toda democracia— fuera un delito o al menos un riesgo para el orden público.

Una manifestación de las prácticas contrarias a la democracia y a los derechos humanos es la violencia en el contexto de las manifestaciones sociales, principalmente entre manifestantes y fuerzas del orden. Es preocupante cuando, en general, una minoría decide terminar apedreando buses y rompiendo vitrinas. La opinión pública tiene legítimo derecho a preguntarse quiénes son estas personas, si forman parte de quienes legítimamente se reúnen para manifestar una opinión o simplemente se aprovechan de un escenario democrático para llevar a cabo actos ilícitos. Es igualmente preocupante la respuesta, a veces desproporcionada, de la fuerza pública. A menudo, respaldada por un discurso “seguritario” que prioriza un estricto orden público por sobre el debate, la deliberación y la participación ciudadana.

Las movilizaciones y protestas sociales involucran el ejercicio de derechos constitucionales y derechos garantizados por el sistema internacional de los derechos humanos. En cualquier movilización se ejerce la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y el derecho de petición, teniendo presente que, en tanto ejercicio de derechos, las movilizaciones pueden ser objeto de regulaciones. Es por eso que, cuando el Estado decide limitar la protesta social, debe responder a una rigurosa justificación, que debe estar establecida por ley, con causales estrictas, como proteger la seguridad nacional o la salud pública, o los derechos y libertades ajenos.

La inevitable conclusión de este breve análisis es que no se puede entender la protesta como sinónimo de desorden público y, menos aún, su primera respuesta no puede ser el uso de una violencia desproporcionada que sólo provoca un efecto congelante en el debate público que toda sociedad democrática requiere. A la vez, se requiere por parte de aquellos que se movilizan asumir responsablemente que el ejercicio del derecho a expresarse y movilizarse debe hacerse entendiendo el lugar central que dichas libertades ocupan en la dinámica democrática.

En dicho contexto, es de esperar que los actores sociales y las autoridades públicas encargadas de velar por la seguridad hagan de las movilizaciones programadas para los próximos días un espacio respetuoso y de legítima expresión.

Lorena Fríes Monleón

Directora

Instituto Nacional de DD.HH.

Fuente: Cartas al Director, Diario La Segunda 10 de mayo 2011