La misma ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, reabrió la Comisión para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura. Esta semana, luego de 1 año y 6 meses de funcionamiento, acredita ante el país a 9.830 víctimas, sumándose así a lo ya realizado en este materia por la Comisión Rettig (1990) que se avocó a la investigación sobre desaparición forzada de personas y ejecutados políticos y a la primera Comisión Valech (2004) destinada a develar la verdad en torno a la tortura y a la prisión política en Chile.
La labor realizada por la Comisión y sus profesionales, junto a la persistente acción de las víctimas y sus familiares, y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos ha permitido al país -en un largo proceso no exento de retrocesos y dificultades-, construir una verdad histórica hoy indiscutible; se cometieron crímenes que remueven la conciencia de la humanidad, fueron perpetrados en un marco de denegación sistemática de justicia y configuraron un cuadro de impunidad institucionalizada.
La prohibición en todo tiempo y lugar de cometer crímenes de lesa humanidad constituye una norma imperativa en materia de derechos humanos. Corresponde al Estado por tanto asumir las consecuencias de la verdad alcanzada por la Comisión y los casos que se acreditan, entre ellas la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes con penas proporcionales al daño ocasionado. Corresponde al Estado también, reparar a las víctimas en un intento por atenuar el sufrimiento y daño causado, y contribuir de esta manera a que nunca más en Chile se vuelvan a cometer semejantes atrocidades.
El Informe de la Comisión representa un legado para las generaciones presentes y futuras en Chile. El testimonio valiente de miles de víctimas y el valioso trabajo desarrollado por la Comisión nos exigen no olvidar lo ocurrido y sirven de base para proyectar una conciencia respetuosa de la dignidad y derechos de las personas, tanto en relación a los desafíos pendientes en materia de reparación y justicia como en relación a los desafíos en materia de derechos humanos en democracia.
