

En el inmueble viven un total de veinte personas, entre ellas diez niño/as, una mujer con seis meses de embarazo y un anciano de 84 años.
Las personas denuncian poca colaboración por parte de la Ilustre Municipalidad de Independencia en el proceso de búsqueda o de acceso a nuevas posibilidades de restablecerse en un lugar con mejores condiciones para habitar. Señalan además que habrían sido notificados con solo un mes de plazo.
De acuerdo a la gestión realizada tanto por la oficina Regional Metropolitana, como también por la ONG “Colectivo Sin Fronteras”, la Ilustre Municipalidad de Independencia se comprometió a posponer la fecha de desalojo, para así brindar asistencia social y permitir que las familias puedan contar con un tiempo adicional para la búsqueda de una nueva residencia.
Asimismo, la Sede Regional Metropolitana del INDH instó a la Municipalidad a considerar la adopción de medidas de apoyo para el caso que a la nueva fecha de desalojo aun existan familias sin una solución habitacional. De esta manera se garantiza que la clausura y desalojo del inmueble responda a estándares de derechos humanos y de cuidado por los grupos de especial protección que habitan el domicilio.