Entre el 25 de enero y el 1 de febrero, la sede regional de O’Higgins presentó tres querellas en la Región, todas ellas por el delito de torturas presuntamente cometidas por agentes del Estado. La primera de dichas presentaciones del INDH, se ingresó el 25 de enero ante el juzgado de Garantía de Pichilemu, por hechos en que se involucra a personal de Carabineros. La segunda acción penal fue planteada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua con fecha 30 de enero, también en relación con hechos atribuibles a personal de Carabineros. La última querella, en tanto, fue presentada el 1 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Graneros, por torturas cometidas a jóvenes internos en el Centro de Internación Provisoria – Centro de Reclusión Cerrado (CIP-CRC) de Graneros, en relación con personal de Gendarmería que ejerce funciones de custodia en dicho recinto.

Ser destaca que, en la primera de las querellas mencionadas, interpuesta por hechos constitutivos de tortura acaecidos en 2014 en la ciudad de Pichilemu, se encontraba conociendo de los hechos la Fiscalía Militar de Ejército y Carabineros de Rancagua. A solicitud del INDH, el Juzgado de Garantía de Pichilemu, luego de citar estándares y doctrina en derechos humanos conjuntamente con jurisprudencia consolidada en la materia, dispuso que la Jurisdicción Militar se inhibiese del conocimiento de la causa y remitiera los antecedentes ante la justicia ordinaria, para que aquella continúe su trámite ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu.