La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazaba un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que ordenaba la expulsión del ciudadano colombiano Huber Montoya. De este modo el máximo tribunal dejó sin efecto la expulsión de Montoya, y ordenó regular la situación migratoria del amparado.

Montoya ingresó irregularmente a Chile en 2012, debido a un desplazamiento forzoso motivado por amenazas de muerte en su país de origen. Anteriormente, había intentado ingresar de manera regular al territorio siendo rechazado en la frontera por funcionarios de Policía de Investigaciones al no tener dinero para acreditar su calidad de turista, viéndose forzado a pagar a un traficante de personas para posibilitar su ingreso.

El amparado intentó por variados medios regularizar su situación migratoria, manteniendo su condición de extranjero irregular por casi cinco años, lo que lo imposibilitó para obtener un trabajo formal y ejercer sus derechos sociales.

La Corte Suprema consideró que la argumentación planteada por la  Gobernación de Llanquihue carecía de fundamentos, siendo arbitraria