El 17 de mayo de 1990 la OMS eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades, convirtiéndose en un hito para la despatologización de las orientaciones sexuales. Treinta y ocho años después se eliminó la identidad trans como enfermedad mental, en particular del CIE-11, una respuesta tardía pero importante para el reconocimiento de las personas trans y sus derechos. Sin perjuicio de lo anterior, durante los últimos años a nivel global ha existido un fuerte cuestionamiento hacia la identidad de las personas trans, en especial de niños, niñas y adolescentes trans.
En nuestro país, hace tan solo unos días la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el programa de acompañamiento de identidad de género, un documento cargado de sesgos y que busca derogar el reconocimiento de la identidad de estudiantes, retroceder en los derechos adquiridos en materia de infancia trans y perseguir a profesionales e instituciones que trabajen en dicho ámbito. En este contexto, se ha pretendido construir una falsa dicotomía entre la autonomía progresiva de NNA y el derecho preferente de los padres. Es así que, discursivamente se ha colocado al Estado como el enemigo de la familia.
Desde el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, se ha desechado la existencia de esta dicotomía, dejando en claro que el reconocimiento de derechos no atenta contra el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos o de transmitir sus creencias y enseñanzas. En especial, la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que niños, niñas y adolescentes son titulares de los mismos derechos que los adultos, haciendo referencia al reconocimiento de la identidad de género.
Judith Butler ha descrito este fenómeno como la oleada del movimiento anti-género, en la cual los gobiernos, políticos y las organizaciones buscan perseguir a quienes trabajen en estas materias y derogar leyes y políticas públicas. Sus armas son la desinformación, las estadísticas falsas y noticias artificiales o moldeadas para su conveniencia. Es así que no solo el género y los derechos humanos se encuentran en peligro, sino que también la democracia.
