El perpetrador llevó a ocho ciudadanos haitianos a trabajar a un despoblado, les retuvo sus pasaportes y los amenazó con denunciarlos a la PDI para que fueran expulsados. La sede de Magallanes del INDH actúa como querellante en esta causa.
El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas sentenció a cinco años y un día de presidio efectivo a J.T.C.A. por el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, en un caso en que la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante. Se trata de la situación de ocho personas provenientes de Haití, quienes fueron llevadas para trabajar cerca de un pantano, en un sitio apartado en Puerto Natales.
De acuerdo con los hechos acreditados por el tribunal, durante 2017 J.T.C.A. le pidió a un ciudadano haitiano que consiguiera algunos de sus compatriotas para desempeñarse en la extracción de turba en un pantano. Les prometían un sueldo de $450.000, pero estos pagos nunca se realizaron, porque J.T.C.A. les descontaba la alimentación, traslados y vestuario. El lugar de trabajo estaba cerca de un pantano de difícil acceso. Era necesario cruzar un río con un tractor.
En el lugar el perpetrador tenía una “rancha” para que sus víctimas durmieran y prepararan sus alimentos (por lo general consistentes en un plato diario). La construcción era de madera, paredes de plástico y piso de tierra. En el entorno no había agua potable y debían bañarse en un río. Carecían de lugar para sus necesidades básicas, acceso a medios de comunicación o a señal de celular. Las víctimas no hablaban castellano.
J.T.C.A. retuvo los pasaportes de las víctimas, a quienes además amenazó que, si no trabajaban, él los denunciaría a la PDI para que fueran expulsados.
El delito por el cual fue condenado J.T.C.A. constituye un grave atentado contra los derechos humanos. Chile ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que obligan a prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas, junto con brindar la adecuada protección a las víctimas. Cabe mencionar que el condenado ya tenía una sentencia por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años.
